EH Bildu reclama que se paralice el derribo del gaztetxe de Durango a la espera de un informe jurídico

EH Bildu ha presentado una moción, que se debatirá esta tarde en pleno, para que se paralice el derribo del edificio de Montevideo que alberga el Centro Social Gaztetxe. La formación abertzale reclama que de forma previa se encargue un informe jurídico que analice, “desde el punto de la legislación urbanística y de dominio público hidráulico”, las responsabilidades públicas y privadas derivadas de la construcción de este inmueble.

En rueda de prensa, Dani Maeztu, Eider Uribe y Ion Andoni del Amo señalaron que, “una vez más, como viene siendo costumbre en los asuntos de mayor trascendencia para la ciudadanía de Durango”, se enteraron por los medios de comunicación de la intención del Ayuntamiento de derribar este edificio. Fue tras anunciarse el convenio con la Agencia Vasca del Agua URA, que contempla un desembolso de 850.000 euros por demoler el edificio y construir un puente con más capacidad hidráulica.

Los concejales de EH Bildu recuerdan que este inmueble fue construido a instancias de Alejandro Amilibia en 1961 y que fue autorizado por el alcalde franquista Valentín Eguidazu. También sostienen que esta edificación ya fue declarada entonces ilegal por el Ministerio de Obras Públicas al haberse realizado “sobre el propio cauce del río Mañaria”.

Orden de demolición

Esta falta de conformidad dio pie a un procedimiento contencioso-administrativo que que concluyó con una sentencia del Tribunal Supremo, del 30 de marzo de 1970, que confirmaba la ilegalidad de la construcción y ordenaba su demolición. “Desde esa fecha no consta ningún intento por ejecutar esa sentencia”, añaden los ediles.

A la vista de estos antecedentes, la formación abertzale considera que es necesario disponer de un informe que aclare la situación jurídica del edificio “y las responsabilidades que de su construcción y no demolición subyacen a día de hoy” antes de tomar cualquier decisión.

Edificio privado

Es por ello que censuran la actitud del Equipo de Gobierno al haber decidido destinar, sin ningún debate previo, la cantidad “nada desdeñable de 425.000 euros de toda la ciudadanía de Durango” a un edificio privado que fue declarado ilegal y con orden de demolición.

“Sin olvidar –concluyen–, que los otros 425.000 los aportará otra administración pública, en este caso URA, por lo que toda la obra será sufragada con dinero público”.