La demolición del antiguo gaztetxe podría comenzar en agosto

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Durango se reunió ayer con vecinos y vecinas de Montevideo para informarles de que, tal y como había adelantado durangon.com, la familia propietaria del edificio ‘Uribarri 23’, que fue sede del gaztetxe de Montevideo, ha recibido la autorización para iniciar su demolición. La alcaldesa, Ima Garrastatxu, y el teniente de alcalde Julián Ríos explicaron que las obras podrían comenzar a finales de agosto y durarán entre dos y cuatro meses.

Una vez recibido el permiso necesario de URA, la propiedad deberá presentar los proyectos de derribo y de gestión de fibrocemento en la Oficina Técnica del Ayuntamiento para recibir la licencia municipal correspondiente.

El Consistorio local alcanzó el 24 de febrero de 2022 un acuerdo con los propietarios del edificio por el que estos aceptaban costear el derribo. En un proyecto de 2015, estas obras se valoraron en 192.579 euros.

El acuerdo venía a reemplazar un convenio firmado con URA por el anterior Equipo de Gobierno (PNV y PSE-EE) que fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y en el que el Ayuntamiento de Durango asumía el coste íntegro de la demolición.

Edificación ilegal

“Tras un largo periodo de negociación y de defensa de los intereses de toda la ciudadanía, estamos a un paso de hacer desaparecer esta huella del pasado, ya que se trata de una edificación que fue declarada ilegal”, han destacado responsables municipales.

Herriaren Eskubidea envió también ayer una nota de prensa en la que puntualiza que con el inicio de las obras “se pone fin a la ocupación ilegal sobre el río que se ha producido desde su construcción en 1964. Desde entonces, y pese a que en 1970 una sentencia del Tribunal Supremo los declaraba ilegal, ha sido sede de la notaría, el registro de la propiedad…”.

La formación recuerda además que PNV y PSE firmaron con URA un convenio ilegal que recogía que se pagarían 450.000 euros por el derribo –esta cantidad incluía de la losa de hormigón sobre la que que se construyó el inmueble que, de ejecutarse, correrá a cargo del Ayuntamiento–, y que sus alegaciones fueron rechazadas. De ahí que, “con el fin de defender los intereses de Durango”, llevaron el caso a los tribunales en 2018 y, en febrero de este año, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró el convenio “nulo de pleno derecho”.

“Intereses particulares”

“Gracias a que Herriaren Eskubidea luchó hasta los tribunales por los intereses de Durango pudimos evitar que el dinero público se dedique a intereses de particulares, como siempre han defendido el PNV y el PSE”, remarcan.

El grupo municipalista concluye que, a pesar de que URA “ha dilatado su respuesta 6 meses” –algo que URA niega–, la propiedad ha recibido ya la autorización para el inicio de las obras. Lo que de demuestra, a su entender, que “las cosas se podían haber hecho bien desde el principio”.

Aclaración

URA ha enviado un escrito a durangon.com desmintiendo que haya tardado seis meses en responder a la solicitud. Según los datos que aporta, la petición de los propietarios del edificio se realizó el 10 de marzo y la propuesta de URA a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico fue el 13 de junio. “Son tres meses, la mitad de lo que indica la noticia”.

Aclara, además, que se “observaron deficiencias” en la documentación, por lo que requirieron al solicitante su subsanación. La documentación correcta se presentó el 9 de mayo.

La resolución de la Confederación Hidrográfica es del 30 de junio.