A vueltas con “Sortu”

Durante estas últimas semanas había decidido, de un modo tan poco lógico como pertinaz, no escribir sobre el proceso de legalización de Sortu, pero ya no aguanto más sin hacerlo. Y no esperen que vaya a abordar el tema desde una perspectiva novedosa y original. No, al contrario, creo que no haré sino plasmar la sensación que al respecto perciben cientos de miles de vascos de buena fe.

En primer lugar, es imprescindible traer a colación que Sortu es un partido político constituido por una serie de ciudadanos que no se encuentran limitados, en modo alguno, para el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Y ello es así, y no está sujeto a interpretación, porque no se ha dictado sentencia judicial firme contra ninguno de ellos que los inhabilite para el sufragio pasivo. Así que resultan perversos, comentarios como el vertido por el Consejero de Interior del Gobierno Vasco, que proclaman que los fundadores de Sortu deberán demostrar que no son ETA. No Sr. Ares, al menos de momento, el Ordenamiento Jurídico español exige que la denegación de la inscripción de un partido político venga, al menos teóricamente, precedido de que quienes impugnen su legalización acrediten, prueben, que está incurso en una causa que determine su antijurídica condición, y no al revés.

Pero, aun siendo grave que el responsable de la policía vasca, y coordinador del ejecutivo López, se permita manipular, dialécticamente, principios procedimentales básicos de cualquier sistema democrático, no lo es menos que relevantes representantes de ciertos grupos políticos y cuerpos armados espeten, y se queden tan tranquilos, que Sortu debería pasar por una especie de cuarentena, por uno o un par de años, antes de concurrir a un proceso electoral. O sea, que ¿si Sortu no puede presentarse a las próximas elecciones porque, de momento, es ETA, con el simple paso de un año, dejaría de serlo? Eso parece, y de paso, socialistas y populares tendrían su última oportunidad, en muchos años, de catar su cuota de poder en las instituciones forales y locales vascas.

Pero es que aún ha habido más. El mismísimo Presidente del Gobierno del estado no ha dudado en afirmar que Sortu sólo podrá ser legal si ETA deja de existir. Veamos, hagamos un poco de memoria y remontémonos al momento en el que se aprobó ese dislate jurídico que conocemos, vulgarmente, como ???Ley de Partidos???. Quienes la aprobaron se hartaron de decir, entonces, que el objetivo de dicha norma, no era otra que impedir que aquellos partidos políticos que no condenasen la violencia (se entiende que la de ETA, porque hay partidos legales, que se jactan de dar lecciones de democracia al resto, que nunca han condenado expresa ni vehementemente los crímenes del franquismo, de grupos como Cristo Rey, el Batallón Vasco-español, ni los del GAL) no pudiesen presentarse a unos comicios.

Y ahora que Sortu ha proclamado estatutariamente el rechazo a toda práctica violenta, y condenado, específicamente y con reiteración, no sólo los actos perpetrados por la organización armada, sino también los actos de ???kale borroka??? y los frustrados preparativos delictivos de ese entorno, se pretenden alterar, a conveniencia, las reglas del juego democrático.

No nos engañemos; esto no es serio, y sí que es aberrante desde el punto de vista del respeto a los derechos individuales y colectivos de muchísimos ciudadanos que, repito, no lo olvidemos, deberían poderlos ejercitar sin cortapisa alguna, en tanto cuanto no han sido condenados por la comisión de ningún delito.

El único delito que se les imputa, y no por un juzgado o tribunal, es el querer hacer política y acabar definitivamente con una situación de angustia y terror que ha durado demasiado. Cincuenta y un años.

Jon Andoni Bengoetxea es abogado y presidente de la Cultural de Durango