El Ayuntamiento de Durango ha llegado a un acuerdo con la congregación religiosa de los Hermanos Maristas para la compra del edificio de la calle Saibi que alberga actualmente el Euskaltegi municipal y el Berritzegune. La operación conlleva la permuta de una parcela de 5.400 metros en el polígono Aliendalde, que posibilitará la ampliación del Centro de Investigación Metalúrgica Azterlan, y el pago de 607.000 euros en siete años.
Las negociaciones partieron de Azterlan hace más de dos años. El centro de investigación necesitaba más espacio y vio en unos terrenos contiguos a su sede, de titularidad municipal, la alternativa más conveniente.
Esta parcela fue valorada en 1,1 millones, 607.000 menos que el edificio del Euskaltegi, de ahí que la administración durangarra vaya a aportar la diferencia en metálico. El acuerdo contempla el pago de 94.178 euros anuales entre 2017 y 2022 -la misma cantidad que el Ayuntamiento paga actualmente por la renta anual del inmueble- y de 42.314 euros en 2023.
“Cómodo calendario” de pagos
La propuesta salió adelante con los votos favorables de PNV, PSE-EE y PP. EH Bildu y Herriaren Eskubidea se abstuvieron.
Fran Garate valoró positivamente el “cómodo calendario” de pagos de la operación, mientras que Pilar Ríos calificó el acuerdo de “muy beneficioso” en varios sentidos. “Compramos un edificio por el que estamos pagando un alquiler importante y, al mismo tiempo, posibilitamos que una empresa puntera de Durango pueda seguir creciendo y no tenga que trasladarse a otro municipio”.
Edificios en “desuso”
EH Bildu ofreció una visión más crítica en boca de Jon Bingen Landabidea e Iker Urkiza. Pese a defender la necesidad de apoyar a las empresas del pueblo, ambos se mostraron recelosos con la compra del edificio a la vista de la cantidad de propiedades en “desuso” y con “nula rentabilidad social” que tiene el Ayuntamiento actualmente. Citaron, entre otras, el Palacio de Garai, el antiguo inmueble de Correos o el caserío de Murueta Torre.
Urkiza también solicitó que se le aclararan algunas “dudas jurídicas” antes de tomar una decisión y recordó que en el estudio económico no se habían tenido en cuenta los gastos de mantenimiento que generará este edificio de cinco plantas.
Las palabras del concejal abertzale molestaron a la portavoz del PNV, Goiztidi Díaz, quien le recriminó que había tenido “dos años para resolver estas dudas”. Fuera de su turno de palabra, Urkiza negó que hubiera sido así. “Sabes que el informe nos lo habéis presentado a primeros de julio”, replicó.
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