Amorebieta se suma a Durango en su rechazo a la petición de penas para los jóvenes de Altsasu

El Ayuntamiento de Amorebieta se ha sumado esta mañana a la “rotunda discrepancia” expresada ayer por el Ayuntamiento de Durango con la petición de penas de la Fiscalía, que reclama 375 años de cárcel para los jóvenes detenidos y acusados por la pelea que tuvo lugar el pasado 15 de octubre en un bar de Altsasu, en la que resultaron heridos dos guardias civiles y sus parejas.

La declaración fue aprobada en Durango a través de una moción que contó con los votos favorables de PNV, EH Bildu y Herriaren Eskubidea, y los contrarios de PSE y PP.

El escrito expresa también “una gran preocupación por el devenir de los acontecimientos, habiendo constatado que este caso ha llegado a un nivel de desproporción y sinrazón inaceptables”.

Al mismo tiempo, el Pleno durangarra reitera su “firme compromiso con la convivencia, la justicia y el respeto a los derechos humanos de todas las personas como principios propios de un Estado democrático de Derecho” y agrega que “la desproporción que rodea a este caso se enmarca en la dirección contraria a la normalidad y convivencia democrática”.

Por último, el Ayuntamiento remarca su apoyo a la motivación de la Audiencia Provincial de Navarra “respecto de la no concurrencia de indicios para que los hechos sean calificados como terrorismo y por tanto en que la competencia para instruir y juzgar los hechos sucedidos en Altsasu debiera corresponder a los Juzgados de Pamplona”.

Declaración en Amorebieta

La Corporación de Amorebieta-Etxano, por su parte, ha aprobado hoy una declaración institucional en el mismo sentido con el respaldo de PNV, EH Bildu e Hiri Ekimena. La edil del PSE-EE, Alicia Hernández, no se ha humado a la iniciativa.

La portavoz socialista ha mostrado su sintonía con los dos primeros puntos de la declaración, referentes a la “desproporción y la sinrazón” de la petición del fiscal y al compromiso del Ayuntamiento zornotzarra con “la convivencia, la justicia y el respeto a los derechos humanos de todas las personas”.

Hernández, sin embargo, ha eludido reiterar el apoyo del Ayuntamiento al tercer punto de la declaración. En ella se muestra el apoyo municipal “a la motivación de la audiencia Provincial de Navarra respecto de la no concurrencia de indicios para que los hechos sean calificados como terrorismo, y por tanto se reafirma en que la competencia para instruir y juzgar los hechos sucedidos en Altsasu el pasado 15 de octubre debería corresponder a los juzgados de Pamplona”.