EH Bildu de Amorebieta-Etxano ha solicitado al equipo de Gobierno municipal que paralice el derribo del Palacete de Forjas y que sea declarado patrimonio cultural protegido, “tal y como está previsto en el Plan General de Ordenación Urbana”. El inmueble fue ocupado hace un año por la Gazte Asanblada y ha acogido a varias personas refugiadas.
Según recuerdan desde la coalición abertzale, la compañía constructora VUSA, actual propietaria del edificio, inició a finales de 2017 los trámites para su derribo, y en octubre de 2020 el área de Urbanismo del Ayuntamiento concedió la licencia.
El pasado abril, agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal acudieron al lugar para proceder a su desalojo. La orden fue finalmente suspendida tras requerir a sus ocupantes que presentaran el permiso para residir en el lugar en un plazo de 10 días.
Violación del PGOU
La decisión del Gobierno municipal del PNV y el PSE es “grave e irresponsable”, señalan, “ya que el derribo del Palacete de Forjas violaría tanto el PGOU como la Ley de Patrimonio Cultural”.
Dicha ley, aprobada por el Parlamento vasco en 2019, antepone el interés general a los lucros particulares y especulativos que puedan tener empresas o ciudadanos. Además, otorga a los ayuntamientos la competencia para declarar los bienes protegidos.
Asimismo, EH Bildu declara su sorpresa ante la decisión de otorgar la licencia de derribo, cuando en el PGOU elaborado por el propio Ayuntamiento “aboga por declarar el edificio de las Oficinas de Forjas como bien protegido de Amorebieta-Etxano”.
Frente a la justificación de que el derribo es legal, la coalición destaca que “el Ayuntamiento tiene armas suficientes para atajar esta situación. No solo no las pone en marcha, si no que incumple las propias normas que dice cumplir”.
Patrimonio local
Por ello, EH Bildu pide declarar la licencia “contraria a la normativa urbanística y de patrimonio” y solicitar al Gobierno vasco “la instrucción de expediente de protección del bien” con la consiguiente suspensión cautelar de cualquier tipo de licencia en vigor o que pudiera solicitarse sobre el inmueble.
También se requiere una revisión del PGOU para evitar que bienes del patrimonio cultural municipal “puedan ser destruidos o deteriorados antes de su debida protección”.
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