Las peticiones que desde hace meses está planteando y exigiendo el colectivo de pensionistas recibieron ayer el apoyo parcial del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. En lo que sí coincidieron PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos —el PSE-EE se abstuvo en todos los puntos de la moción— fue en realizar un llamamiento expreso a participar en las movilizaciones del movimiento de pensionistas.
Y más específicamente, a que los zornotzarras acudan a las manifestaciones que se celebrarán el 16 de noviembre en las capitales de Euskal Herria.
EH Bildu y Elkarrekin Podemos suscribieron todas las peticiones del movimiento de pensionistas, mientras que el PNV solo se posicionó a favor en algunas. El alcalde, Andoni Agirrebeitia, se mostró de acuerdo con el contenido de la moción, pero añadió que “si la competencia de esta materia estuviese transferida al Gobierno vasco se podrían ofrecer mejores pensiones y mejores servicios sociales, sin ninguna duda”.
De ahí que los jeltzales rechazaran el establecimiento de una pensión mínima de 1.080 euros que cumpla las exigencias de la Carta Social Europea, así como la revalorización automática y permanente de las prestaciones en función, como mínimo, del IPC garantizada por la Ley y un Salario Mínimo Interprofesional de 1.200 euros.
La portavoz jeltzale Itxaso Berrojalbiz defendió “un sistema de pensiones estable, duradero y sostenible” basado en los resultados y las actuaciones propiciadas por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, así como en su respaldo a un sistema que es “fruto del trabajo que han realizado durante muchos años”.
Quiebra del sistema público de Euskadi
Berrojalbiz también expuso “la necesidad de que las peticiones sean realistas y realizables”, en referencia a la imposibilidad que tiene el Estado de garantizar una pensión mínima de 1.080 euros, ya que, de traspasarse el gasto del Estado al Gobierno vasco, “tendría un coste real de unos 2.000 millones y provocaría la quiebra del sistema público de Euskadi”.
Tampoco salieron adelante las peticiones para rechazar los beneficios fiscales de los planes de pensiones privados y EPSVs, así como la de “garantizar por ley el derecho de las personas en situación de dependencia a la cobertura de la misma por medio de una red de servicios sociosanitarios universales y públicos, pagados con presupuestos públicos”.
Tanto EH Bildu, cuyo portavoz Ander Uriarte presentó la moción en nombre de los pensionistas, como Alba Gutiérrez, de Elkarrekin Podemos, apoyaron la integridad del texto que, además de respaldar a este colectivo, defiende el sistema público de pensiones de reparto y demanda unas pensiones públicas “dignas, justas y suficientes”.
“Derogación de las reformas laborales”
Además, de reclamar “la derogación de las reformas laborales que han multiplicado la precariedad y de los aspectos regresivos de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013”, la moción demanda “acabar con la brecha de género en salarios, pensiones, condiciones de trabajo y empleo”.
La edil socialista Alicia Hernández, por su parte, defendió la necesidad de un sistema público de pensiones y la labor desarrollada por el PSOE en defensa de esas prestaciones. Aunque aseguró que su formación se adhería a las movilizaciones planteadas para esa jornada, en la votación posterior se abstuvo en las ocho peticiones que incluía la moción.
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