El PNV no va a admitir la paralización del proyecto urbanístico ‘Operación Durango’ que deja en el aire la construcción por parte de la arquitecta Zaha Hadid de la sede de Eusko Tren en esta localidad. Aunque el actual consejero de Transportes, Iñaki Arriola, reiteró ayer mismo que no se trata de una inversión “prioritaria en la coyuntura actual”, la alcaldesa considera que ésta es una decisión “grave y unilateral del Gobierno de López” que priva a Durango del “tirón turístico y económico” de un proyecto de repercusión internacional y del tránsito de los alrededor de 400 empleados que trabajarían en esas oficinas. Es por ello que Aitziber Irigoras ha exigido a Arriola una reunión que les permita concretar un plan de actuación.
“Hemos pedido insistentemente, desde hace semanas, una reunión con el consejero para tratar el tema y conocer las razones por las que han dado marcha atrás, pero de momento no ha contestado a ninguna de nuestras llamadas”, puntualizó Irigoras en una rueda de prensa ofrecida junto al parlamentario del PNV Juan Antonio Arieta-Araunabeña, el miembro del Bizkai Buru Batzar Unai Rementeria y Sergio Murillo, de la junta local. Durante esta intervención, la alcaldesa también dio a conocer a los medios de comunicación que su partido no está dispuesto a suscribir el borrador del convenio urbanístico vinculado al soterramiento del tren.
Los argumentos que esgrime son que el Gobierno vasco les quiere cobrar 5,2 millones -la mitad del dinero que cuesta desmantelar los 27 pasos a nivel que hay entre Abadiño y Amorebieta- cuando sólo cinco de ellos pertenecen a Durango. Los responsables del departamento de Transporte también les reclaman 1,2 millones por la cesión de la superficie que ocupan las vías del tren. El Ayuntamiento de Durango debería abonar este dinero con cargo a los 4,2 millones que tiene que recibir del Gobierno vasco por tasas de construcción, algo que para Irigoras “perjudica claramente” los intereses de los durangueses.
La comparecencia ante los medios de comunicación también fue aprovechada por Arieta-Araunabeña para denunciar la política de “clientelismo político” que está desarrollando el departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. “Una política que discrimina a municipios como el de Durango por el simple hecho de no estar gobernados por el partido del señor López”, remarcó. A juicio del parlamentario ‘jeltzale’, Arriola se dedica anunciar grandes proyectos que “benefician” a poblaciones dirigidas por socialistas como Barakaldo, Donostia, Irún, Vitoria-Gasteiz y Basauri, mientras que suprime “sin justificación previa” la financiación de otros “ya estaban maduros o en trámite de ejecución”. Este el caso de la vía del metro que iba a unir Galdakao con Usansolo y el Hospital; el del tranvía de Rekalde o el de Leioa-Universidad.
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