El TSJPV revoca el fallo que anulaba el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Durango y ETS

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Bilbao declaró hace dos años «nulo de pleno derecho» el convenio que el Ayuntamiento de Durango suscribió con Euskal Trenbide Sarea (ETS) para posibilitar los proyectos de reparcelación y urbanización del PERI Ferrocarril. Esta sentencia ha sido revocada ahora por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al entender que el acuerdo era “conforme a derecho”.

Según explicaron en su día los portavoces de EH Bildu y Herriaren Eskubidea, Dani Maeztu y el actual teniente de alcalde Julián Ríos, el fallo consideraba ilegal el convenio “por un defecto de forma”. En concreto, que el documento fuera firmado por la que entonces era concejala delegada de urbanismo, cuando debía haberlo hecho la Junta de Gobierno.

El convenio fue muy cuestionado por estos dos partidos, que acusaron al entonces Equipo de Gobierno (formado por PNV y PSE) de haberlo firmado en agosto de forma precipitada –estaba pendiente de suscribirse desde 2008– para dejar atado el proyecto de las 5 torres de hasta 18 alturas y evitar que ETS pagara al Ayuntamiento 4,2 millones por excesos de edificación.

Ambas formaciones entendían además que “concurrían motivos suficientes para vislumbrar en el convenio suscrito un actuar administrativo claramente desviado con el único propósito de ‘vestir’ con una apariencia de legalidad a aquellas cantidades que ETS estaría dispuesta a abonar al Ayuntamiento de Durango por la monetarización del defecto de adjudicación del aprovechamiento urbanístico…”, según recoge la sentencia del TSJPV.

Sin pruebas periciales

En la resolución, el tribunal apunta además que “no se aporta prueba pericial alguna” que permita concluir que las aportaciones económicas que se contemplaron por la valoración del suelo, el coste de la urbanización o las obras de desmantelamiento de la infraestructura ferroviaria “son desorbitadas o ajenas a los valores de mercado”.

Es más, añade que “no existen razones objetivas” para sostener que el Ayuntamiento incurrió “en desviación de poder” y que el convenio no perseguía “fines de interés público” cuando la denominada ‘Operación Durango’ supuso una inversión de 275 millones para ETS.

Declaración de “lesividad”

EH Bildu y Herriaren Eskubidea tienen ahora un plazo de un mes para decidir si recurren la resolución judicial. En mayo del año pasado se dio a conocer otra sentencia que desestimaba un recurso de Herriaren Eskubidea en contra de la aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) del ámbito de ordenación PERI I Ferrocarril y que también buscaba detener el controvertido proyecto de las 5 torres.

Tampoco está claro aún hasta qué punto condiciona este fallo la declaración de “lesividad” del proyecto de reparcelación del PERI Ferrocarril que el Ayuntamiento de Durango aprobó el pasado mes de noviembre con los votos de EH Bildu y Herriaren Eskubidea. PNV y PSE ya criticaron entonces la decisión al entender que así se “dilataba” y se “judicializaba” el proceso.