El Pleno de Durango ha dado luz verde a la aprobación inicial de la ordenanza de de Vivienda Tasada municipal. La propuesta salió adelante con el respaldo de PNV y PSE, el voto en contra de EH Bildu y Herriaren Eskubidea (faltó a la sesión un edil abertzale) y la abstención del PP.
Desde el Equipo de Gobierno se apuntó que Durango no contaba hasta ahora con una ordenanza específica para viviendas tasadas. La teniente de alcalde Sara Oceja explicó que será un marco regulador que ofrecerá oportunidades accesibles “a la clase media” porque se venderán por debajo del precio del mercado y un 1,5 más caras, como máximo, respecto a las de protección social, “garantizando un hogar digno y asequible”.
Oceja también hizo hincapié en que será obligatorio que sea vivienda habitual, no podrá utilizarse con fines turísticos y se priorizará a las personas empadronadas en la localidad. El Ayuntamiento prevé la construcción a partir de 2026 de 330 viviendas de protección oficial (VPO) destinadas a alquiler social y 190 tasadas.
Las promociones de VPO estarán en el PERI Ferrocarril (84), Faustegoiena (23), Birjinoste (39), Larrasoloeta (38), Norteño (30), Arripausueta (50), Kabilduoste (18 y Mikeldi (48). Las tasadas se construirán en San Fausto (88), Kabilduoste (18) y PERI (84).
Certificado de penales
Durante el debate, la portavoz socialista Jesica Ruiz calificó la ordenanza de “buena, viable y realista”. Tras recordar que se había trabajado con todos los grupos políticos incorporando enmiendas de la oposición, Ruiz instó a sus portavoces a ser “serios” y a aportar únicamente datos “reales” durante el debate.
Las cinco enmiendas del PP fueron desestimadas tras advertir un informe municipal que “contravenían el ordenamiento jurídico” al reclamar Carlos García que, a la hora de adjudicar la vivienda, se valorara más a quienes presentaran un certificado de penales.
Precios y constructoras
EH Bildu, por su parte, volvió reprochar al Gobierno local que hubiera perdido “una buena oportunidad” para ofertar viviendas en régimen de alquiler a precio tasado. “Nuestra propuesta era destinar para alquiler aquellas viviendas que se construyeran en terrenos de propiedad municipal”.
La coalición soberanista recriminó, además, que con la nueva ordenanza el precio de las viviendas podría alcanzar los 280.000 euros, “es decir, que podrían ser más caras que las libres”.
Herriaren Eskubidea también cuestionó que PNV y PSE rechazaran sus enmiendas y aprobaran un marco regulador que “defiende los beneficios de las constructoras en lugar de las necesidades” de la ciudadanía. Su concejal, Jorge Varela, propuso regular los precios de las viviendas para que las familias que viven en régimen de alquiler “paguen, como máximo, un tercio de sus ingresos”.
La formación independiente defendió además que todas las viviendas tasadas que se construyan sobre parcelas públicas “deban ser dedicadas al alquiler”. A su entender, que fuera así, permitiría regular “los precios de alquiler y venta”, y frenar la especulación inmobiliaria.