La Mancomunidad de Durangaldea gestionó el pasado año 827.547 euros para Ayudas de Emergencia Social (AES), una cantidad un 5,58% superior a la de 2019, para cubrir necesidades apremiantes de 515 familias. En este último caso, las personas destinatarias fueron 16 menos que en 2019.
El 38% de las AES solicitadas se dedicaron al arrendamiento de la vivienda habitual y se destinó un total de 316.838 euros a ese propósito. Esta cifra supone un incremento del 33,53% con respecto al ejercicio anterior.
Por partidas, un 9,30% se destinó al pago de servicios de energía (-3,30%); el 15,53% a diversas obras de mantenimiento de la vivienda habitual (-0,71%); un 12,31% a la amortización de créditos (-3,31%); un 2,52% a reparaciones e instalaciones (+49,35%) y el 1,33%, a la compra de mobiliario y electrodomésticos. Esta última partida se ha reducido un 65,57% con respecto a 2019.
En lo que se refiere al perfil de las personas demandantes de estas ayudas, el 63% fueron mujeres y el 54% personas de nacionalidad española, habiéndose registrado una reducción del 7% en el número de peticiones por parte de personas de otras nacionalidades.
Por municipios de la comarca, las solicitudes de AES se repartieron de esta forma: 108 Abadiño, 10 Atxondo, 371 Durango, 87 Elorrio, 79 Iurreta, 1 Izurtza, 4 Mañaria, 25 Otxandio y 62 Zaldibar.
Seguimiento
Desde el inicio de la pandemia, la Mancomunidad de Durangaldea asumió el compromiso de realizar un seguimiento mensual en este ámbito por si fuera necesario incrementar con recursos propios la dotación de AES, que contó en 2020 con una subvención extraordinaria del Gobierno Vasco. Gracias a ello, se ha podido atender todas las demandas recogidas por los Servicios Sociales de base.
Las AES se destinan a cubrir todo tipo de gastos derivados del mantenimiento de la vivienda, y necesidades primarias de vestido, educación, formación y atención sanitaria. “Sirven, en definitiva, para prevenir el riesgo de exclusión social, paliar situaciones de exclusión personal, social y laboral, y facilitar la inclusión de quienes carezcan de recursos personales, sociales o económicos suficientes para el ejercicio efectivo de los derechos sociales de la ciudadanía de los municipios mancomunados”, explican desde la Mancomunidad.
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