En diciembre de 2016, asociaciones vecinales de San Fausto, Aramotz y el Casco Viejo de Durango solicitaron la modificación de los valores catastrales decretados por la Diputación para que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se ajustara a la realidad del mercado y no tener que hacer frente a “incrementos desproporcionados e injustificados”. De la moción, que fue aprobada en pleno, no se ha sabido nada desde entonces.
En junio de 2016, el Ayuntamiento acordó una prórroga extraordinaria de las labores de recogida de basuras y limpieza viaria para que el servicio, con un coste anual de más de 2 millones de euros, no dejara de prestarse. Adjudicado a la empresa Cespa por ocho años hasta 2014, el servicio fue prorrogado otros dos años cuando iba a finalizar. La oposición, que ha criticado en más de una ocasión esta indefinición, no acaba de entender el mutismo que rodea a este contrato.
Cansados de no obtener respuestas, EH Bildu y Herriaren Eskubidea optaron por solicitar la comparecencia ante el pleno de los presidentes de la comisión de Hacienda, Humbero Jaio, y Participación Ciudadana y Desarrollo Sostenible, Harri Guridi, para que dieran explicaciones públicas. Era la primera vez que ocurría en el Ayuntamiento de Durango, así que la iniciativa despertó cierto interés.
Guridi y Jaio emplearon cerca de 42 minutos en detallar cronológicamente los pasos dados, pero sus intervenciones no convencieron a la oposición. Sobre todo, porque las preguntas claves quedaron en el aire. “¿Para cuándo un nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria adecuado a las necesidades actuales?”, preguntaron con énfasis Dani Maeztu y Julián Ríos. Silencio desde las filas del PNV.
Servicio insuficiente
Los portavoces de EH Bildu y Herriaren Eskubidea tampoco dejaron pasar la oportunidad de recordar que un informe elaborado por los técnicos municipales ya admitía en 2015 que el servicio que se prestaba era insuficiente y que buena parte de la maquinaria que se empleaba había superado su vida útil. No es de extrañar, por tanto, las recientes averías de algunos camiones y los vertidos de aceite causados por las barredoras.
De la revisión de los valores catastrales tampoco se obtuvo información relevante. En este caso, Jorge Varela y Dani Maeztu también recriminaron al Equipo de Gobierno su pasividad. “Hubo municipios que presentaron alegaciones a la ponencia de la Diputación y que lograron una modificación de los baremos”, quisieron dejar claro en sus turnos de palabra.
Cargando...
¿42 minutos hablando y no fueron capaces de contestar? ¿entonces a qué fueron?