Aurore Martin como prenda

La detención y expulsión a España de la ciudadana francesa Aurore Martin ha escandalizado a muchas personas a ambos lados de la frontera. Sobre todo a nuestros vecinos del Norte, sus compatriotas. En un gesto inédito, todos los partidos vascofranceses, incluido el socialista, han protestado airadamente por la entrega a la Guardia Civil de la activista de Batasuna y han exigido su inmediata devolución a Francia.

Reclamada por el Estado español a través de una euroorden por ???pertenencia a organización terrorista???, se había librado varias veces de ser detenida, entre ellas en una ocasión en la que una multitud impidió que los gendarmes se la llevaran. Desde entonces había vivido en la clandestinidad hasta que recientemente se le vio en una manifestación.

Es muy significativo que el Gobierno socialista haya permitido este arresto, que no había sido posible en tiempos de Sarkozy. Y sorprende también que el ministro de Interior galo, Manuel Valls, haga piña con su homólogo español en este asunto.

La detenida se expone a una pena de ¡12 años de cárcel! por hacer política en una organización que siempre ha sido legal en su país. También se le atribuye el ???delito??? de haber mantenido contactos con Batasuna en el Estado.

Está claro que el Gobierno español está decidido a cortar toda forma de crítica y disidencia, y que quiere intimidar con castigos ejemplarizantes como es éste. Se ha legislado para frenar el activismo en Internet y las protestas en la calle. La libertad de expresión retrocede hasta límites increíbles. Se detuvo a personas honorables durante las protestas del 25-S y ahora se descuelgan con esta estrambótica acción.

Es posible que sea la respuesta del Estado al resultado de las elecciones vascas. Y un aviso para navegantes. El triunfo rotundo de las opciones abertzales pueden alentar un rumbo firme hacia la independencia como el ya emprendido, parece que sin vacilaciones, en Catalunya. Además, esta detención ensombrece las aspiraciones de los vascos del otro lado de la frontera de disponer de estructuras administrativas propias, tal y como al parecer les prometió Miterrand.

Da la impresión, por tanto, de que la ciudadana vascofrancesa ha sido tomada en prenda para colmar varios objetivos al mismo tiempo: desanimar la actividad política disidente y poner freno a las aspiraciones secesionistas que afloran aquí y allá, agitando al mismo tiempo, y no para bien, las aguas de un proceso de paz que se mantiene en cuarentena.

Y todo ello al amparo de leyes tan injustas que hasta los mismos jueces piden cambiarlas, como ha ocurrido con las disposiciones que está permitiendo que miles y miles de desahuciados se queden en la calle y con la hipoteca a cuestas. Despropósito que Ana Botella despachó con tanta insensibilidad como desatino: ???La ley está para cumplirla???. Manuel Valls tampoco se ha quedado atrás en el caso que nos ocupa: «No voy a excusarme porque se aplique una decisión de la justicia».

Pues por mucha lógica e ímpetu que apliquen a sus rotundas afirmaciones no tienen razón estos señores: las leyes que no sirven (a las necesidades ciudadanas, políticas y sociales) no sirven para nada.

Vivimos el fin de unos tiempos. Esperamos una Tierra nueva donde habite la justicia