De jueces y magistrados

El Centro de Investigaciones Sociológicas ha hecho público el resultado de una encuesta en la que la administración de justicia no resulta, para nada, bien parada. De hecho, una de las conclusiones a las que se llega como resultado de la muestra, es que el 82% de los encuestados cree que jueces y magistrados dispensan un mejor trato a los ricos que a los pobres, mientras un 60% opina que la corrupción llega hasta la judicatura.

Siempre me pregunto, para poder valorar en su justa medida la fiabilidad de estas informaciones, cuál ha sido el perfil de los sujetos que han respondido a los cuestionarios, así como el contenido exacto de éstos. Y en éste concreto supuesto, entiendo fundamental determinar si los ciudadanos que mantienen esta pésima percepción del sistema judicial, han sido, con carácter previo, parte procesal en algún procedimiento, o no.

Y es que estas respuestas huelen, de lejos, a rancio tópico. Si algo podemos reconocer quienes, por motivos profesionales, mantenemos un constante e inmediato contacto con los juzgados y tribunales, es que las resoluciones que se dictan en ellos no tienden, con carácter general, a tutelar los intereses de los ricos y poderosos en detrimento de los derechos de los ciudadanos de ???a pie???. Es más, en múltiples ocasiones, se atisba en diversas sentencias, la sensibilidad de los juzgadores hacia las causas que mantienen los consumidores frente a grandes productores, constructores y empresas, o el ciudadano frente a las Administraciones Públicas.

De hecho, no podemos olvidar que los tribunales los forman personas, como nosotros, que difícilmente pueden sustraer, aunque lo intenten, sus creencias, convicciones y sentimientos, de su proceder en los juicios e, incluso, de sus decisiones. Sus señorías son, pues, seres humanos que deben aplicar normas jurídicas, que en ocasiones les pueden llegar a parecer injustas o poco equitativas, por lo que, a lo sumo, y sin eludir su vigencia, tienden a forzar su interpretación en un determinado sentido.

Pero de ahí a llegar a considerar que los miembros de la carrera judicial son corruptos y que se dejan presionar por ciertos intereses, como lo hace el 40% de los entrevistados, va un largo trecho.

Cierto que los procesos se eternizan, y que en muchos casos la carga de trabajo que han de soportar es tal que no permite a los juzgadores dedicar a cada asunto el tiempo y dedicación que a ellos les gustaría y al que, realmente, los justiciables deberían tener derecho, pero resulta objetivamente imposible dictar quinientas sentencias al año, y, además, resolver recursos, dirigir las vistas, y velar por la correcta tramitación de los procesos, y hacerlo todo a la perfección.

Por lo tanto, contamos, como no podía ser de otra manera, con un sistema judicial imperfecto, pero que funciona tarde y, no mal, sino razonablemente bien, aunque podría y debería hacerlo, sin duda, mejor.

Jon Andoni Bengoetxea es abogado y presidente de la Cultural de Durango