Llevamos semanas en espera de que los encuentros mantenidos entre gobierno, patronal y sindicatos cuajen en un consenso de medidas a adoptar para la reforma del mercado laboral, acomodándolo a la realidad que delatan los indicadores macroeconómicos. Pero la espera se eterniza, deben adoptarse algunas medidas y el gobierno ha anunciado ya que, con consenso, o sin él, hacia mediados de mes se regulará el nuevo marco legal que defina parte de las relaciones laborales.
Queda en el camino la sensación, al menos aparente, de que los grandes entes del estado (Gobierno, CEOE, sindicatos más representativos…) adolecen de una incapacidad funcional para llegar a acuerdos en materias que, por su sensible naturaleza, los precisan, sin duda. O quizá, simplemente, cada parte en conflicto se limita a defender con uñas y dientes, como además se le presupone, sus propios intereses, dejando al margen altos valores como la solidaridad, tan necesaria en principio para reconducir la situación económica.
Seculares y legítimas reivindicaciones de los trabajadores, como la finalización de la precarización del empleo, chocan con la necesidad de la flexibilización del mercado laboral, para hacerlo más competitivo. Las aspiraciones patronales de reducciones en las cuotas de cotización a la Seguridad Social no se compadecen con una situación de déficit estatal, en la que cualquier merma adicional de ingresos puede terminar por sembrar el caos, cuando de lo que se trata es de equilibrar las cuentas públicas. Y los gobiernos, siempre en medio, haciendo equilibrios entre la real necesidad de adopción de medidas y los recortes sociales que las mismas pueden suponer, teniendo en cuenta además que éstas acostumbran a pasar factura en las urnas.
Es curioso que en España hayan sido los gobiernos socialdemócratas (socialistas) los que se hayan visto, durante los últimos treinta años, compelidos a acometer reformas laborales que han implicado recortes de derechos sociales básicos en contextos económicos claramente desfavorables. Todo ello para “regocijo” de la oposición demócrata cristiana (Partido Popular), que, haciendo un ejercicio de cinismo, critica ferozmente las medidas cuando, es público y notorio, que la naturaleza de éstas se enmarca en lo más profundo de su credo político-económico.
Pero tampoco es menos cierto que la imprevisión juega malas pasadas a las Administraciones Públicas. Hay ocasiones en las que posponer acciones de gobierno, que deberían adoptarse en contextos económicos más favorables, puede coadyuvar, tanto a ganar unas elecciones, como a deteriorar el tejido económico y social del país.
Y sí es curioso, pero no casual, que la reforma laboral deba acometerse necesariamente aquí y ahora, tenga o no tenga éxito el diálogo social y, además, de modo sesgado y parcial. Pero la necesidad y la imposición del concierto internacional mandan. ¡Ya encontrarán los gobiernos un momento más oportuno para realizar una reflexión profunda y serena sobre el conjunto del sistema vertebrador de las relaciones laborales y de protección de la Seguridad Social!
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