Kosovo, independiente

A criterio de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, no existían normas de Derecho Internacional que prohibieran la declaración unilateral de independencia de Kosovo que tuvo lugar el 17 de Febrero de 2008. Parece que numerosos estados (69) tenían claro que esto era así, que la Asamblea de Kosovo podía adoptar acuerdos que afectasen a su orden legal, de modo que reconocen a dicho Estado como tal. También los estados los miembros de la Unión Europea, en abrumadora mayoría (un total de 22) han reconocido este hecho, aunque, por supuesto, el Reino de España se ha alineado en sentido contrario al efecto, junto con estados de tan amplia tradición democrática como, por ejemplo, China o Rusia.

Cierto que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya carecen de fuerza vinculante. Pero no es menos cierto que el impacto que su resolución sobre la declaración unilateral de independencia de Kosovo ha de tener en el concierto internacional, lejos de resultar baladí, puede inducir a una profunda reflexión en torno a las modernas concepciones que de los estados se mantienen en el Occidente Europeo.

Dejando las cuestiones de política internacional al margen, (que si los EEUUAA han apoyado a Kosovo por tutelar Rusia los intereses Serbios, etc.) no podemos obviar que vuelven a aflorar en el Viejo Continente determinados movimientos nacionalistas en demanda de mayores cotas de autogobierno y reconocimiento ante las instancias internacionales.

En estos momentos, el hervidero belga y las reivindicaciones de los escoceses se suma a las seculares de autodeterminación que desde nuestro pequeño territorio venimos proclamando desde ni sé cuándo. Y es que el derecho a la autodeterminación de los pueblos tuvo, en su momento, una sólida raigambre en las normas internacionales, para decaer durante decenios en el olvido, ante el furor unificador y uniformador que se apoderó de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos, no obstante, que el germen de dicha unidad residió cuestiones puramente económicas, en el establecimiento de mercados comunes, y que la liberalización de la circulación de los ciudadanos, o sea la Europa social, es una construcción doctrinal de cuño posterior en el tiempo.

Sería difícil pensar que, en estos momentos, el reconocimiento que la Corte Internacional establece en relación a Kosovo se fundamente en intereses económicos, ni aun en intereses geoestratégicos. Me gustaría creer que, exclusivamente, se ha valorado si de acuerdo con las normas de Derecho Internacional, un pueblo, una nación, pueden llegar a decidir sobre su futuro, sin injerencias de Estados que persigan la tutela de sus propios intereses. Y parece que es así. Que la comunidad internacional avala que los ciudadanos tenemos derecho a decidir.

Sin embargo, tratar de encontrar encaje, en los ordenamientos internos de los estados, a esta declaración de principios, es harina de otro costal. Si no, piensen en que el Reino de España, ni se plantea, siquiera, completar el régimen de transferencias, consagrado por el Ordenamiento Jurídico Español vigente, que penden sobre la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Su actual Gobierno prefiere a ello, incluso, y de momento, la posibilidad de no poder aprobar los futuros presupuestos. Y lo que es más grave, desde el actual gobierno de la Comunidad “acreedora” de dichas transferencias, alientan y jalean esta postura.

Jon Andoni Bengoetxea es abogado y presidente de la Cultural de Durango