La participación ciudadana

La participación ciudadana es un derecho legítimo de todo ciudadano para intervenir en la gestión pública o en la toma de decisiones de los gobiernos. Mediante la participación ciudadana se impulsa el desarrollo local y la democracia participativa. Hay varias formas de participación ciudadana, consulta popular, referéndum (que es una modalidad de consulta sujeta a formalidades más rigurosas), presupuestos participativos, encuestas o comisiones informativas entre otras. 

Hay países que tienen la cultura participativa muy instaurada pero no es nuestro caso. Por lo general, cuanto más de cerca nos toca el tema en el que se nos permite participar más interesados nos mostramos y más nos involucramos. Un claro ejemplo pueden ser los datos de participación en el Referéndum del Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979 donde la participación fue del 59.77% frente a la participación del 39,04% que se dio en Euskadi en el Referéndum para la ratificación de la Constitución Europea. 

Si miramos los datos de los últimos procesos participativos que se han dado en Durango los datos no son muy halagüeños. En el caso del proceso para la modificación de la OTA las aportaciones recibidas fueron 50.

La participación en la votación final de los presupuestos participativos fue de 842 persona, además en este caso se podía tomar parte a partir de los 14 años con lo que supone una participación del 3,2%.

A la vista de estos datos, es lógico que no se considere “necesario” un umbral mínimo en la consulta popular que se llevará a cabo en Durango el próximo 14 de marzo. Es cierto que según la LILE (Ley de Instituciones locales de Euskadi) no procede exigir un umbral mínimo de participación porque, se supere o no, carecerá en todo caso de vinculación jurídica pero para darle la seriedad, representatividad y legitimidad que se merece era importante haber establecido ese parámetro.  

Nadie duda que la participación ciudadana es totalmente necesaria, da legitimidad al sistema, a la organización o al proceso, mejora la calidad de las decisiones al incorporar nuevos puntos de vista y supone satisfacción en la ciudadanía al poder influir en decisiones colectivas.  

Sin embargo, se puede utilizar para legitimar decisiones que previamente han sido tomadas en los despachos de los políticos o incluso excusarse en ella para no definir acciones de Gobierno.  

De cualquier modo, un exceso de llamadas a votación o procesos participativos puede hacer que la gente deje de sentirse interesada. Sobre todo, si ese proceso no va acompañado de una buena información. Tengamos cuidado porque corremos el riesgo de que se cumpla el dicho de “Lo poco gusta y lo mucho cansa”. 

Jesica Ruiz es la portavoz del PSE-EE en Durango