Llevo, durante el último año y medio, y por motivos laborales, rodeado de expedientes y más expedientes que participan de un denominador común: la insolvencia, la imposibilidad que afecta a muchas, muchísimas empresas, de atender puntualmente al vencimiento de sus obligaciones y la consecuente necesidad de sobreseer pagos correspondientes a facturas de proveedores, liquidaciones administrativas y a sueldos y salarios.
Me dirán que esto que les cuento no es nada nuevo, que es un “mal” enormemente extendido. Que, en realidad, es la epidemia que infecta esta sociedad en estos tiempos convulsos.
Y les doy la razón, como no podía ser de otra manera. Pero voy a tratar de explicar y contar, sin aburrir demasiado al personal, lo que me estoy encontrando, como profesional, cuando no me queda más remedio que tocar unas y otras aldabas tratando, a la desesperada, de conseguir una refinanciación o un aplazamiento en los pagos pendientes, que permitan pelear por la pervivencia de las actividades de pequeñas empresas, profesionales y autónomos, que, a la postre, forman el grueso del tejido económico de nuestro entorno.
Y, básicamente, y salvo honrosas e hipergarantizadas excepciones, me encuentro con calabazas, con sonoras calabazas, cuando pido a las entidades financieras que sean la pareja de baile que sirva como salida del atolladero, a quien precisa, o bien un periodo de carencia, o bien una inyección de efectivo para garantizar el buen fin de los compromisos que previamente ha adquirido con otros operadores del tráfico jurídico y económico.
Otro tanto cabe esperar de alguna de las instituciones públicas, dirigidas por parámetros dictados directamente desde Madrid, al ritmo que marca el ministro Montoro, cuando se convierten en acreedores de autónomos y empresas. Hay ocasiones en las que ejercen sus potestades administrativas con tal ferocidad y falta de mesura y adecuación a la actual situación, que comprometen, seriamente, la frágil e inestable salud financiera de los negocios, si no es que les dan la definitiva puntilla.
Pero debo romper una lanza a favor de otra institución, más cercana, como lo es el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, que está mostrando un compromiso firme y decidido en apoyo de las empresas en dificultades que pelean por mantener los puestos de trabajo que generan, facilitando, de un modo firme pero flexible, el pago de las liquidaciones tributarias devengadas. Al menos, escuchan los planteamientos de estos obligados tributarios, los estudian, y, si revisten la necesaria seriedad, no dudan en posibilitar su perfección y subsiguiente puesta en funcionamiento. Y esto es más, mucho más, de lo que hacen “los otros” grandes “acreedores profesionales” a los que nos hemos referido.
Aunque, para que no se lo crean del todo, también debo poner de manifiesto que, no sé si por influjo del lado oscuro de la Fuerza, mientras tanto, la Hacienda Foral viene “crujiendo” a los otros negocios mínimamente solventes, incluso por motivos “menores”, meramente formales. Y esto está convirtiéndose en una práctica de riesgo, porque la ubre de la vaca está a punto de secarse sin remisión.
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