¿Qué son las Ordenazas Fiscales?

Este octubre, con una alerta sanitaria vigente y saliendo aún de un duro confinamiento que afecta a todas las economías, hemos aprobado las ordenanzas fiscales para 2021.

Las ordenanzas fiscales son el instrumento legal que define cómo y cuánto recauda el ayuntamiento. Y son, por tanto, clave para la posterior conformación de los presupuestos. En las ordenanzas definimos los impuestos, las tasas y los precios públicos. Y junto a la aportación que cada ayuntamiento recibe desde la Diputación Foral de Bizkaia componen los ingresos corrientes, solo una parte de los ingresos del presupuesto municipal.

Este ingreso corriente se utilizará solamente para pagar los gastos corrientes, conformados por gastos de consumos, como agua o luz, mantenimientos eléctricos, de carreteras y residuos y las ayudas sociales, culturales o deportivas, entre otros.

Desgraciadamente, la ley de presupuestos va más allá de la lógica común y nos marca unos límites legales sobre cómo gastar lo recaudado. Esta ley nos dice que EL GASTO CORRIENTE SOLO SE PUEDE PAGAR CON INGRESO CORRIENTE. O dicho de otra forma, para pagar el gasto corriente no se pueden utilizar ni el remanente (lo ahorrado o no gastado), ni el dinero destinado a inversiones, ni el obtenido de vender propiedades, ni se pueden pedir préstamos. Por lo tanto, solo con lo recaudado mediante ordenanzas se puede pagar el gasto corriente. Así que con estas reglas del juego ya marcadas como son una alerta sanitaria vigente, una bajada de 2-3 millones de euros de Diputación en la aportación municipal y el aumento de 1,5 millones de euros en el gasto corriente el año pasado para regularizar los presupuestos del gobierno anterior, nos encontramos ante un complicado dilema:

¿Aumentamos ingresos para mantener los servicios, o congelamos los impuestos y recortamos los servicios?

El año pasado congelamos todas las tasas e impuestos. Este año, nos habría gustado hacer lo mismo. Pero desde Herriaren Eskubidea consideramos que la solución no puede volver a pasar por las políticas austericidas que nos aplicaron en 2008 y cuyas consecuencias aún sufrimos. Por eso, tras analizar todas las variables acordamos congelar todos los impuestos y tasas excepto el IBI y el IAE.

Ha sido y es una decisión difícil. Pero estos ajustes en el IBI permitirán al ayuntamiento hacer frente a la pandemia apostando por seguir ofreciendo servicios de calidad y manteniendo las ayudas sociales que tanto se necesitan en estos momentos. Somos conscientes de que, muy a nuestro pesar, el ajuste del IBI de las viviendas supondrá una media de 2 euros más al mes. Pero si algo hemos tenido claro es que debían ser quienes menos se vieran afectados. Y así ha sido.

Por otro lado, nos gustaría dejar clara nuestra posición ante el argumento de que la subida del IBI a comercio e industria afecta directamente a la reactivación económica o a la creación de empleo.

Si hablamos de comercio local o de barrio, debemos tener claro que el IBI es un impuesto dirigido a las personas propietarias que, en muchas ocasiones, no son las mismas personas que regentan el comercio. El alquiler medio que cada comerciante paga al mes es de 900€ y la subida del IBI le supondrá al propietario 3€/mensuales. ¿Es la subida del IBI quien cierra comercios o es el precio del alquiler que piden algunas personas propietarias? Las ayudas a la reactivación no pasan por la congelación del IBI, que se dirige a propietarios, sino que pasan por las ayudas directas a quienes regentan los comercios: los bonos de comercio, ayudas para adaptar los negocios al COVID, web de compra general, ayuda directa a todas las actividades afectadas por la pandemia, etc.

Cuando nos referimos a la subida del IBI en grandes superficies o grandes industrias nos referimos a aquellas cuya facturación supera los 20 millones de euros y el valor de los bienes inmuebles supera también esa cifra. Para estas actividades, hablamos de una subida de media de 800€/anuales y 2100€ respectivamente. Estas cantidades apenas tendrán impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias de cada una de estas sociedades. Y, por supuesto, esas cantidades no sirven para mejorar las condiciones laborales ni para crear empleo estable y de calidad. Pero el dinero que se recauda de cada una de esas sociedades es una inversión y una apuesta directa de cada compañía para con su municipio y estamos seguras de que forman parte de la consecución de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y de Responsabilidad Social.

Tras analizar las posibles casuísticas y marcarnos objetivos a medio-largo plazo, desde Herriaren Eskubidea hemos tomado una decisión difícil, impopular, pero siendo conscientes de que como gobierno es nuestra responsabilidad mantener los servicios públicos a pesar de que tengamos que ajustar los ingresos.

Gracias a la aprobación de estas ordenanzas, no tendremos que recurrir a presupuestos con recortes. Tendremos presupuestos acordes a un pueblo referente y cabecera de comarca como es Durango.

Jorge Varela es concejal de Herriarren Eskubidea en Durango