A partir del 1 de julio de 2013, el jubilado “equis” tendrá que dejarse en la farmacia un total de 8 euros mensuales, según los cálculos que le ha sacado esta mañana su farmacéutico de cabecera. El tal jubilado lleva un tratamiento por una insuficiencia cardiaca y otro para la próstata, dolencias bastante corrientes entre nuestros “aitites”. Los ocho euros de “quita” le suponen más o menos el 30% de la factura del total de medicinas que necesita cada mes.
Tal vez será cierta la esperanza de que no recorten a los actuales jubilados el importe de su pensión, tal vez ya no podrán tener una subida igual al alza del coste de la vida. Pero lo de la quita o “copago” de las medicinas está ya hecho, decidido y requetedecidido, a nivel estatal, o sea desde Madrid, donde gobierna el PP, y a nivel de la CAV, o sea desde Vitoria, donde gobierna el PNV.
Las cosas pueden empeorar para los ciudadanos que se jubilen en adelante, porque un comité de expertos estrechamente vinculados a bancos y empresas de seguros han sugerido al Gobierno de Madrid la conveniencia de activar una reforma de las pensiones que, en opinión de otros expertos, podría suponer recortes aproximados al 20% de los baremos actuales.
O sea, un auténtico “pensionazo” que dejaría las pensiones del estado español, que hoy están al nivel del 10,7% frente a la media europea del 13,5%, todavía mucho más bajas de esa media europea.
Los discursos oficiales abundan en una consideración del jubilado-unidad de gasto y de consumo: se le calcula un gasto equis en función de la media de años de vida que le quedan, y si se pasa de ese cálculo, se le aplicarán rebajas progresivas tanto más fuertes cuantos más años viva.
La economía española, tal como la contemplan y desean nuestros gobernantes y los mercados a los cuales obedecen nuestros gobernantes, no se puede permitir el lujo de mantener una muchedumbre de jubilados más allá de una edad razonable…
Eso sí, los bancos y las compañías de seguros a las cuales pertenecen esos supuestos “expertos” que han asesorado al Gobierno, estarían encantados de que los jubilados suscriban con ellos pólizas de seguros para redondear y completar los recortes que se van a producir. Una moción de IU en el ayuntamiento de Sevilla denuncia que “las medidas sugeridas por los expertos suponen una propuesta esencialmente ideológica, que parten del objetivo de relanzar en España los planes privados de pensiones y, en última instancia, persiguen traspasar más recursos aún al capital financiero en perjuicio de los intereses de los pensionistas de hoy y de mañana”.
La historia que aquí se cuenta recuerda un poco esa otra de las preferentes que tanta guerra está dando: se quieren quedar con una parte de los ahorros que los jubilados han producido durante su vida laboral. Es la historia de la privatización de los centros hospitalarios que sus promotores prefieren llamar “externalización” en beneficio de las empresas de medicina privada. Es un perfecto y radical ataque al estado de bienestar y a las capas más desfavorecidas de la sociedad.
Es lo que hay…
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